POR FÁTIMA VALDIVIA
EN OCTUBRE 2018, Julián Carrillo Martínez, defensor indígena rarámuri, fue asesinado en su comunidad Coloradas de la Virgen, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, al norte de México. Junto con su comunidad, Julián había defendido activamente las tierras indígenas y su bosque en contra de actos de desposeimiento realizados por diferentes actores, entre ellos miembros de las organizaciones del tráfico de drogas.
La muerte de Julián es la punta del iceberg. Todos los días las personas indígenas en la región Tarahumara enfrentan actos de violencia racial que afectan sus tierras, sus recursos naturales y sus vidas. Estos actos incluyen la imposición de proyectos extractivos como tala, minería, turismo y la implementación de políticas públicas que eliminan a la población indígena como sujetos políticos. El tráfico de drogas ha sido parte de este ataque al menos durante los últimos veinte años, un fenómeno poderoso que solidifica la posición de privilegio de los hombres mestizos1 en la región mientras despoja a la población indígena.
En lo que sigue, explicaré brevemente como la auto-determinación rarámuri está siendo desafiada y transformada por los grupos del tráfico de drogas. Estas observaciones están basadas en mis nueve años de experiencia trabajando en la región como abogada2 y como investigadora en apoyo de los derechos territoriales rarámuri. No sugiero que las comunidades rarámuri puedan ser representadas de manera monolítica y homogénea, en tanto sus experiencias son diversas y no idénticas. Mi objetivo es traer al espacio académico las denuncias que otros colegas han hecho respecto a los efectos del tráfico de drogas en las comunidades indígenas en Tarahumara, y ofrecer mi limitada experiencia y conocimiento en apoyo a las luchas indígenas por la sobrevivencia.3
Contexto General de la Región Tarahumara
El estado de Chihuahua es el más grande de México en términos territoriales, habitado por más de 3 millones de personas. De acuerdo con el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística (2015), aproximadamente el 11.8 por ciento de la población de Chihuahua pertenece a uno de cuatro grupos indígenas: rarámuri, ódami, makurawe y o’oba. El grupo rarámuri, o tarahumara, es el más numeroso, y es por esto que la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa Chihuahua es conocida como Sierra Tarahumara.
La región Tarahumara es grande pero escasa en recursos naturales y económicos. La siembra de plantas enervantes como marihuana y amapola comenzó a finales de 1960. El cultivo de estas plantas pronto se convirtió en la principal fuente de recursos para la población mestiza que habitaba los viejos distritos mineros. Actualmente, considerando la falta de oportunidades, es la principal fuente de recursos económicos no sólo para los mestizos, sino para un gran número de familias rarámuri, ódami y makurawe.
La producción y tráfico de plantas estimulantes ha acarreado la competencia por los escasos recursos hídricos en la zona, un ambiente de violencia constante y la militarización de la región desde 1970. El primer campamento conformado por 150 soldados se estableció en el municipio de Guachochi (uno de los principales municipios rarámuri) como parte de la Fuerza Marte XX (Operación Cóndor). En el 2008, como parte de la guerra contra las drogas en México, el programa de seguridad conocido como Operativo Conjunto Chihuahua fue implementado. La operación de este programa ha incrementado la presencia policiaca en la región, y ha elevado los niveles de violencia con más de 2,000 personas asesinadas anualmente en hechos relacionados al tráfico, de los cuales el 75 por ciento son hombres jóvenes entre los 15 y 29 años de edad.
La violencia perpetrada por los traficantes ha causado recientemente el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, y la muerte de defensores indígenas que confrontan sus actividades depredadoras. Estos eventos han sido principalmente documentados y denunciados por periodistas a través de medios escritos y electrónicos.
Auto-Determinación Rarámuri en Tarahumara
Si bien hay población rarámuri viviendo en los espacios urbanos como en la capital del estado, la mayoría de la población habita en la región de la montaña. Ahí ejercen su jurisdicción religiosa, social, política y económica en diferentes áreas geográficas comúnmente llamadas comunidades, ranchos o pueblos.4 La autoridad de mayor rango es la asamblea, compuesta por todas las personas rarámuri que asisten a las reuniones comunitarias, que usualmente se celebran cada domingo. A través de esta asamblea la gente rarámuri elige a sus representantes religiosos y políticos, quienes son responsables de mantener el orden comunitario y resolver los conflictos internos a través de la celebración de juicios comunitarios. En muchas de las comunidades, el representante de más jerarquía es el siríame (usualmente tres personas), pero es la asamblea la principal responsable de la toma de decisiones respecto a cualquier tema que involucre a la comunidad.
Las autoridades rarámuri deben ejercer su jurisdicción en un territorio fragmentado por la presencia de distintas fuentes de autoridad y poder: la organización rarámuri, el estado, el ejido5 y, ahora, los grupos del tráfico de drogas. Este traslape de autoridades en el mismo espacio es problemático, y está jerarquizado en términos raciales y económicos. El estado y los traficantes de drogas (usualmente mestizos) compiten por el control en la primera posición, y en ciertas ocasiones devienen la misma cosa. El segundo al mando es la organización ejidal mestiza. En el último peldaño está el gobierno rarámuri.
Muchas de las comunidades rarámuri no tienen el control de su tierra debido a la falta de protección legal del territorio indígena como tal y, en algunos casos, debido a la falta de títulos de propiedad territorial. Después de la revolución mexicana y su reforma agraria, el gobierno pos-revolucionario estableció el ejido para proteger la tierra comunal. Si bien este fue un importante logro revolucionario, en el caso de Tarahumara, el ejido no coincide con la forma de organización social y territorial rarámuri en tanto el ejido reconoce principalmente el derecho a la tierra de los llamados ejidatarios, quienes deben ser mayores de 18 años y son en su mayoría hombres. El ejido trajo además la redistribución territorial de acuerdo con los criterios gubernamentales, y creó una nueva forma de autoridad territorial que históricamente ha sido monopolizada por los mestizos.
La jerarquía racial en Tarahumara, sumada a la vulnerabilidad de la población rarámuri en relación con la propiedad legal de sus tierras, permite la emergencia de varios fenómenos de despojo. Estos incluyen la sobre-explotación del bosque a manos de los ejidos y, recientemente, a manos del crimen organizado; la imposición de proyectos extractivos como minería y gasoductos; y la explotación cultural a través del turismo. Estos proyectos están soportados por la ideología de modernidad y progreso económico, y algunas veces son validados a través de la implementación de procesos legales de corte multicultural, la desinformación de la población indígena y/o su manipulación a través de dádivas económicas.
Enfrentando estos actos de racismo y despojo, las comunidades rarámuri han implementado estrategias diversas de sobrevivencia y resistencia (Vizenor, 2008), creando espacios físicos y temporales de autonomía que reafirman y transforman su identidad (siempre cambiante, contradictoria y compleja). Estas estrategias incluyen el fortalecimiento comunitario a través de las festividades y ceremonias espirituales, los juegos comunitarios, la protección y preservación de las lenguas indígenas, y otras actividades que para una observadora externa sería más complicado percibir y describir.
La sobrevivencia rarámuri ha permitido la asunción de estrategias de resistencia como la defensa legal de su territorio. Actualmente, al menos cinco comunidades rarámuri han denunciado legalmente al estado de Chihuahua y otros individuos mestizos en respuesta a la imposición de proyectos que contemplan la construcción de un aeropuerto, un gasoducto, infraestructura turística y la sobre-explotación del bosque. Algunas comunidades rarámuri han ganado estos juicios, pero siguen peleando por la aplicación efectiva de las sentencias. Ahora, sin embargo, el contexto es más complejo porque las comunidades rarámuri ya no sólo están luchando contra el estado y el ejido, sino contra las organizaciones del tráfico de drogas. Los traficantes están redefiniendo el territorio a través de la demarcación de áreas de control para la producción y tráfico de plantas estimulantes, comúnmente llamadas plazas del narco, y ejerciendo otros métodos de control social y explotación económica.
El Tráfico de Drogas como una Nueva Fuente de Despojo y Control Social
En algunas partes de la región Tarahumara, los grupos del tráfico de drogas, liderados por hombres mestizos, se han apoderado de gran parte de la tierra fértil para el cultivo de marihuana y amapola, al tiempo que monopolizan los pocos recursos hídricos. Esto afecta la economía rarámuri, principalmente basada en la siembra de autoconsumo de maíz, papa y frijol. En muchos de los casos, los traficantes explotan además a la población rarámuri como fuente de trabajo duro a bajo costo en la siembra y cosecha de marihuana, y en la raya de amapola.6
Recientemente, las actividades asociadas con el tráfico de drogas están causando deforestación. Como mencioné antes, la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen ha tomado medidas legales para defender su tierra y su bosque en contra de la tala, que históricamente ha sido realizada por caciques mestizos, ahora aliados con los traficantes. Las autoridades mexicanas habían negado a la comunidad el reconocimiento legal de su propiedad hasta octubre del 2019, cuando el Tribunal Agrario finalmente reconoció la propiedad indígena. Dos días después de esta decisión judicial, miembros del grupo de tráfico de drogas que controla el área asesinaron a Julián Carrillo, uno de los principales defensores en este proceso.
Bawinokachi es otra pequeña comunidad donde, desde marzo del 2019, un grupo de mujeres rarámuri se ha enfrentado a un grupo de traficantes que han ocupado su tierra y talado el bosque ilegalmente. A pesar de varias denuncias, las autoridades no han sido capaces de detener la tala o sancionar a los perpetradores. En respuesta, los traficantes han ejercido actos de violencia sexual y amenazas en contra de mujeres de la comunidad. Estas mujeres continúan su lucha en alianza con el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos Indígenas (CECADDHI), la organización no lucrativa en la que participo como abogada e investigadora.
Los traficantes están además tomando el control social en sus manos, dirigiendo la operación de los ejidos y las actividades de las autoridades locales. Ellos deciden quiénes ocupan los cargos públicos, y están estableciendo nuevas formas de justicia paralelas al estado. En algunas comunidades, este control significa el desmantelamiento de pandillas, la regulación de la venta clandestina de alcohol, y la delimitación de la competencia y actividades de las autoridades civiles e indígenas. Algunos traficantes están requiriendo jurisdicción para juzgar y sancionar casos de homicidio y violación. Las autoridades indígenas están, por supuesto, superadas por esta situación, y el uso extremo de la violencia por parte de los traficantes está provocando el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Mis Preguntas, Mi Compromiso
La emergencia de organizaciones criminales en la esfera socio-política desafía el concepto del estado-nación como la expresión primaria de poder soberano en la era moderna (Hansen & Stepputat, 2006). La habilidad de estos grupos de ejercer control social rompe el concepto tradicional de soberanía como una cualidad esencial y única del estado (Bonilla, 2017), y en su lugar devela la soberanía como una forma de autoridad siempre tentativa, ligada con contextos coloniales y cimentada en la violencia (Hansen & Stepputat, 2006). Algunos autores sugieren que las organizaciones del tráfico de drogas no solamente proveen nuevos modos de producción económica sino nuevos tipos de poder de facto (Hansen & Stepputat, 2006; Saldaña-Portillo, 2016). ¿Está ocurriendo esto en Tarahumara? ¿Podemos seriamente considerar al tráfico de drogas como una fuente de soberanía? ¿Cuál es el futuro de la auto-determinación indígena en este contexto? Son preguntas que trato de resolver a través de mi investigación doctoral.
Lo que puedo decir hasta ahora es que los grupos de tráfico de drogas en Tarahumara funcionan como fuerzas armadas privadas que están creando nuevas fuentes de gobernanza impuestas por el miedo, y legitimadas por la ineficiencia de las instituciones estatales o bien por su alianza y complicidad. Esta situación está desafiando conceptos tradicionales de auto-determinación indígena y resistencia.
Mi compromiso como académica, y principalmente como aliada de estas comunidades, es como sigue: primero, como abogada, continuar apoyando las luchas de estas comunidades indígenas; segundo, como investigadora, profundizar en el análisis sobre la relación entre el tráfico de drogas, el estado, y la auto-determinación indígena. Espero que este análisis traiga un nuevo enfoque en los abordajes legales y políticos del tráfico de drogas, y que esto sirva para reforzar las luchas emocionales, legales, económicas y políticas que la población indígena está enfrentando para continuar construyendo su historia.
Fátima Valdivia es candidata al doctorado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long (LLILAS). Antropóloga social y abogada, ha trabajado durante casi nueve años como investigadora activista y abogada en asistencia de las comunidades indígenas de la región Tarahumara.
Notas
- Mestizaje en México, un proyecto racial que inició en 1920, erigió a la persona mestiza (una persona mezclada con herencia europea e indígena) como base de la sociedad mexicana en detrimento de la población indígena y negra. El mestizaje implica la superioridad jerárquica de la población mestiza sobre las poblaciones indígenas y negras, sus tierras y recursos.
- Soy co-fundadora del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (CECADDHI), una organización no gubernamental enfocada en la defensa colectiva de los derechos indígenas.
- “Survivance,” por su nombre en inglés, refiere, de acuerdo con Vizenor (2008), a la capacidad indígena de seguir viviendo y haciendo historia, y no sólo resistir.
- Esta denominación no tiene una definición clara en el vocabulario común de la gente. Usualmente, las poblaciones más grandes se llaman pueblos o comunidades, mientras que las localidades más pequeñas, habitadas por unas pocas familias, se llaman ranchos.
- El ejido es la figura legal que protege la propiedad colectiva de la tierra.
- Rayar la amapola es el proceso a través del cual se corta el centro de la planta para obtener la goma de opio.
Lista de Referencias
Bonilla, Y. 2017. “Unsettling Sovereignty.” Cultural Anthropology 32 (3): 330–39. doi:10.14506/ca32.3.02.
Hansen, T.B., y F. Stepputat. 2006. “Sovereignty Revisited.” Annual Review of Anthropology 35 (1): 295–315. doi:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123317.
Mancera Valencia, F.J., A. Domínguez Rascón, y A. Herrera Bautista. 1998. Impactos culturales del Plan Maestro Barrancas del Cobre, 1a ed. Chihuahua: Instituto Chihuahuense de la Cultura: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.
Saldaña-Portillo, M.J. 2016. Indian Given: Racial Geographies across Mexico and the United States. Durham, NC: Duke University Press.
Vizenor, G. 2008. “Aesthetics of Survivance: Literary Theory and Practice.” En Survivance: Narratives of Native Presence, 1–24. Lincoln: University of Nebraska Press.
